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A mil 95 días de la desaparición de 43 normalistas, no hay ni un sentenciado

Ciudad de México, 26 de septiembre de 2017.- A tres años del ataque en el municipio de Iguala a los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha sido capaz de llevar a una sentencia condenatoria a los más de 130 detenidos, la mayoría integrantes de la organización Guerreros Unidos.

Ninguno de los implicados y a quienes se les inició proceso tienen acusaciones por desaparición forzosa, sólo cuatro casos tienen acreditado el homicidio o tentativa de homicidio.

Al hacer un balance sobre las acciones que ha emprendido la dependencia para la búsqueda de los 43 jóvenes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) calificó como “estancada” la investigación que tiene abierta la PGR con el número de expediente AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

A 36 meses de los hechos, la organización defensora de derechos humanos que acompaña a los padres de los normalistas señaló irregularidades durante el proceso de investigación que no han sido resueltas, como el ocultamiento de información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) relacionada con una libreta que le fue asegurada a un integrante de Guerreros Unidos en la que presuntamente se tenía un listado con datos de funcionarios.

El documento del Centro ProDH menciona que otro tema que no tiene avance es la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y que no fue informada al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Durante la diligencia fue llevado al río uno de los detenidos, Agustín García Reyes, El Chereje, porque, según las pesquisas de la PGR y las declaraciones de algunos detenidos, habrían aventado allí bolsas de plástico con los restos de los normalistas. Para el Centro ProDH, el traslado de García Reyes fue  ilegal porque ocurrió en ausencia de su defensor.

“Hasta el día de hoy no hay ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada ni mucho menos alguna sentencia que imponga sanciones por este crimen. Durante el periodo en que el GIEI estuvo en México detectó múltiples irregularidades en la investigación y demandó que éstas fueran debidamente indagadas y sancionadas”, sostuvo.

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